Cuando se inaugura una nueva central termosolar como ocurrió el 1 de octubre con La Florida de SAMCA no podemos sino mostrar nuestra satisfacción, sabiendo además que estamos muy cerca de los 500 MW de potencia instalada. En dicha ocasión tuvimos la oportunidad de escuchar, junto con las lógicas manifestaciones de orgullo y satisfacción de la empresa promotora, al Presidente de Extremadura dejando clara la prioridad que este sector representa para la Región y al Director General de REE expresando el reconocimiento hacia el papel que la tecnología termosolar deberá jugar en el futuro por la gestionabilidad que aporta al sistema. Días antes esta central había pasado muy satisfactoriamente las exigentes pruebas a las que REE las somete para certificar su carácter gestionable.
Estos frutos que venimos recogiendo en los últimos meses y que a final de año nos llevarán a un nivel de potencia instalada de alrededor de 800 MW son el resultado de decisiones inversoras tomadas hace cuatro o cinco años cuando todavía se confiaba en el valor de unas reglas recogidas en un Real Decreto en vigor.
Desde 2008 este sector, en el que tenemos un liderazgo indiscutido a nivel mundial, con enormes impactos macroeconómicos positivos y con un gran potencial de reducción de coste, está viviendo en una constante incertidumbre desde 2008, cuando señalamos al Ministerio que la capacidad de promoción en el horizonte que brindaba el R.D. 661 estaba prácticamente agotada y le propusimos un sistema de preasignación en paralelo que, sin haber afectado en nada la regulación en curso, hubiera permitido al Ministerio regular la cuota de potencia anual y la prima para todas las nuevas plantas.
El desconocimiento de cómo funciona nuestro sector, la errónea analogía con la Fotovoltaica que, al parecer, les guió y la ausencia de diálogo con la industria, llevaron a la publicación por sorpresa en mayo de 2009 del Real Decreto Ley que, lejos de solucionar el inexistente problema generó otro mayor. Aunque en la exposición de motivos del R.D.L. 6/2009 se aludía a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de las inversiones, las preasignaciones tardaron seis meses en otorgarse y, entre medias, sufrimos el intento del drástico recorte que se pretendió con la enmienda a la ley SOCIMI abortada unánimemente en el Congreso.
Con el escenario del Registro de Preasignación de Retribución y el faseado de entrada en operación creíamos que ya se habían establecido las bases que darían tranquilidad a las inversiones realizadas y permitirían las nuevas para la realización de las plantas; pero tampoco.
En mayo de este año nos presentó el Ministerio unas propuestas basadas en unos sesgados informes para la reducción de primas y de horas de operación de las plantas. Tras un agotador proceso de negociación llegamos el 2 de julio a un acuerdo en el que el sector hizo importantes concesiones a cambio de eliminar las incertidumbres y garantizar la seguridad jurídicade las inversiones.
Dicho acuerdo hubiera debido ser convertido urgentemente en un nuevo R.D. , que, de no ser por esa iniciativa del Ministerio, hubiese sido innecesario. Tres meses después no sólo no se ha publicado sino que siguen existiendo dudas, tanto sobre su publicación como sobre el mantenimiento de los términos de acuerdo alcanzado entre la industria y el Ministerio.
La incertidumbre es incompatible con el desarrollo industrial y pueden ser irreversibles los daños que estas situación cause a un sector ejemplo de éxito tecnológico y de potencial económico. De hecho, muchas de nuestras empresas punteras están ya “emigrando” a otras zonas del mundo donde piensan encontrar mayor seguridad para sus inversiones. Son muchos los miles de millones ya invertidos, muchos e importantes los países inversores en nuestro sector que no dan crédito a que algo así este ocurriendo en un país de Europa cuya economía se encuentra entre las diez más importantes del mundo y que está tan necesitada de reactivación.
¿Qué se está ganando y cuanto se está perdiendo en este increíble proceso de más de un año de dudas sobre la seguridad jurídica? ¿A quién beneficia? Confiamos en que se de la prioridad necesaria para que se publique el R.D. lo antes posible y se despejen definitivamente estas incertidumbres.
