El presidente de la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), Juan Laso, ha ofrecido ese dato durante su intervención en la Conferencia de Industria Solar en España 2010 celebrada en Madrid. La pérdida de 75.000 empleos se desprende de un estudio realizado por Equipo Económico con la colaboración de expertos de la Universidad Rey Juan Carlos.
El estudio verifica que la industria fotovoltaica ofrecía en 2008 empleo a 91.000 trabajadores. A partir de ese momento sufre un progresivo deterioro por la reducción de capacidad de crecimiento en la fabricación de paneles e instalación de plantas reduciéndose a 18.959 el número de empleos activos, entre directos e indirectos.
En opinión de Juan Laso el sector fotovoltaico español “se encuentra actualmente en una situación extremadamente grave, asfixiado por la incertidumbre regulatoria, la falta de diálogo con la Administración del estado y una visión ministerial preocupada por reducir el déficit, como sea, en lugar de sentar las bases de estabilidad para el desarrollo de una política energética sostenible, impulsada y desarrollada por el mismo gobierno de la nación”.
“Bloqueada en su desarrollo”, -ha explicado Juan Laso- “la industria fotovoltaica está hoy paralizada por las incidencias legislativas y regulatorias, la inseguridad financiera, la congelación jurídica y un modelo de gestión ministerial que choca con el principio de confianza y de seguridad, aprovechando hechos menores para intentar aplicar medidas retroactivas, sobre las que hay un consenso legal, nacional e internacional, de su inviabilidad jurídica”.
Para el Presidente de AEF, España no va excesivamente rápida en la carrera de implementación del sector solar fotovoltaico, pues “se cumple estrictamente el plan de las energías renovables fijado para el 2010 en cuanto a la producción de energía anual” y se trabaja con la mirada puesta en el cumplimiento de las exigencias de la Unión Europa, asumidas y promovidas por el gobierno español, para el 2020.
Lo que sucede, dijo Juan Laso, es que “no se ha sabido afrontar el problema de forma dialogada, sino con métodos que, a veces, rayan en la coacción”, de modo que se pretende “apartar de la carrera del mix energético a la energía fotovoltaica, mediante prácticas que frenan en seco a toda la cadena de valor del sector, expulsando al corredor español de la pista y alejándonos de la realidad potente que resulta a ojos de todo el mundo esta tecnología energética”.
“España” -enfatizó el presidente de AEF- “no sólo está a punto de colocarse en una situación delicada de riesgo-país, por los problemas que se han creado para los inversores nacionales e internacionales, con un apalancamiento de deuda de 18.000 millones de euros, sino de perder de vista el futuro de un sector industrial prometedor, que había demostrado capacidad competitiva, con un tercer puesto en el ranking mundial de la energía fotovoltaica, en un contexto mundial totalmente opuesto”.
Según Juan Laso, España debería seguir la trayectoria de los grandes países, como es el caso de Alemania, que va a instalar en 2010 un total de 7.000 MW de plantas fotovoltaicas, frente apenas unos 400 MW previsibles para este año en España
En opinión de AEF, España corre además riesgo de rezagarse en un entorno mundial totalmente favorable. La intensa reducción de los costes tecnológicos ha motivado que, según la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica, se haya acelerado la instalación de 15.000 GW de potencia, inicialmente prevista para 2011 y que en realidad ya se ha cubierto, y en niveles de precios próximos a los que la harían viable en su acceso a la red.
“Esto supone” –agregó Laso- “un mercado mundial de 60.000 millones de euros, de los que España va a perder la gran oportunidad de mantenerse en cabeza de la carrera, cuando en los últimos años se había generado una inversión de 23.000 millones de euros”.
Defendió además el presidente de AEF que los activos fotovoltaicos “no generan beneficios desorbitados, sino que cuentan con una rentabilidad razonable, entre un 6,5 % y un 8%, en línea con otras inversiones de sectores regulados de similar riesgo”.
